Abordando aspectos sanitarios, legales, éticos para un grupo de cerca de 35 médicos de diversos centros asistenciales de todo el país, se desarrolló el curso de capacitación “Objeción de Conciencia en el Contexto de la Ley 21.030”. La actividad organizada por el Departamento de Género y Salud del Colegio Médico, el Instituto O´Neill de la Universidad de Georgetown y la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, tenía como finalidad resolver dudas, entregar una evaluación de la implementación y entregar visiones sobre la objeción en las 3 causales para la intervención voluntaria del embarazo.

Las exposiciones comenzaron con la Dra. Francisca Crispi, presidenta del recién creado departamento de la Orden, quién mostró antecedentes y cifras de la ley desde que comenzó a operar. Luego fue el turno de la doctora en Derecho, Verónica Undurraga, quién explicó las responsabilidades profesionales desde una mirada legal. El módulo 3 estuvo a cargo de la Dra. Gladys Bórquez y de la abogada Elisa Walker. Las profesionales entregaron su visión sobre la objeción individual, mientras que, sobre la institucional, presentó la abogada Claudia Sarmiento. Finalmente, la matrona Daniela Vargas profundizó sobre barreras en el acceso de la información y también en el consentimiento informado.

El Vicepresidente del Colegio Médico, Dr. Patricio Meza, explicó que “con este tipo de actividades el Colegio Médico abre espacios de discusión con respecto a temas en los cuales hay distintas sensibilidades, distintos puntos de vista y distintas convicciones. Estamos en un seminario donde estamos discutiendo de forma muy espontánea cómo abordar y cumplir una ley y cómo la implementación de esa ley no pase a llevar los legítimos intereses de los colegas que sean objetores como los que no lo sean. Además, debemos velar porque las mujeres que van a invocar esta ley, no tengan denegación del cumplimiento de ella”.

La Dra. Crispi, valoró el encuentro y señaló que “es fundamental generar espacios de formación continua y reflexión en torno a la ley de interrupción voluntaria del embarazo, buscando eliminar barreras para que todas las mujeres del país puedan acceder a la ley. El número de casos es muy bajo, por lo que es necesario evaluar cuáles pueden ser factores relevantes para impedir el acceso. Vemos como puntos críticos la escasa capacitación a la atención primaria para la derivación de la tercera causal, la disponibilidad de exámenes genéticos para la causal 2 y los niveles de objeción”.